Este es el caso de la tinerfeña D.G.Y., que acudió en mayo de 2011 al centro abortista del Dr. Juan Reyes de Tacoronte (Tenerife) y que, según informa la víctima de este suceso, fue atendida por una “psicóloga” de la clínica que le dio a firmar un documento de consentimiento recomendándole en dos ocasiones que no lo leyese, lejos por tanto de los cauces legalesestablecidos en la actual “Ley Aido”, donde se establece que la madre debe saber (en tiempo y forma) con total garantía y seguridad los posibles pormenores o secuelas de la intervención.
Las consecuencias no tardaron en aparecer y semanas después del aborto la madre comenzó a padecer los primeros síntomas del SPA sufriendo cuadros de ansiedad, oyendo llantos de bebés o teniendo pesadillas con el aborto, hechos que le han dejado graves secuelas psíquicas y la han llevado a cometer dos intentos de suicidio, tener varios ingresos hospitalarios y la necesidad de un tratamiento psicológico. El resultado de este fatal suceso ha derivado en una incapacidad del 33% de por vida para la madre.
Ante la gravedad de este caso, desde Derecho a Vivir Tenerife queremos denunciar públicamente este suceso y apoyamos a la Asociación de Abogados Cristianos para que la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, lleve a cabo las investigaciones oportunas, suspendiendo cautelarmente el concierto y la financiación pública que la clínica de Tacoronte está recibiendo en la actualidad del Servicio Canario de Salud.
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